El artículo 5 del Decreto Ley 870 de 2017 estipula que los proyectos de Pago Por Servicios Ambientales van dirigidos a “propietarios, poseedores u ocupantes de buena fé exenta de culpa de predios ubicados en las áreas y ecosistemas estratégicos, que reciben el incentivo condicionado al cumplimiento de las acciones de preservación y restauración suscritas a través de un acuerdo voluntario”, especificando en el artículo 6 que podían participar cualquiera que se encontrara en las siguientes circunstancias:

1. Acreditando una sana posesión del territorio.
2. Acreditando la adjudicación de un predio baldía según lo dispuesto por la ley 160 de 1994.
3. Quienes están ubicados en áreas de protección y manejo ambiental especial antes de la expedición del decreto que las sanciona como tal.
4. Quienes sean integrantes de grupos étnicos como pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y se encuentren en áreas de titulación colectiva o privada.