Foto: Los frailejones de los páramos de Boyacá, Colombia. JUAN CARLOS ZAPATA
El departamento cambia su política minera e invierte en la protección de los ecosistemas de páramos, los recursos hídricos del país
Para llegar a un páramo hay que subir más allá de los 2.000 metros de altura y enfrentarse en el mismo recorrido al frío, la lluvia o el calor intenso. La mayoría de estos ecosistemas se encuentran en la cordillera de los Andes, el 49% en Colombia, con excepciones en Costa Rica y África. El suelo es un colchón de agua que han dejado las nubes. La vegetación es achaparrada, de verdes intensos. Solo los frailejones más antiguos asoman sus cabezas peludas por encima del resto. Estas plantas salpican el paisaje como si fueran frailes encapuchados en mitad del campo, de ahí su nombre. Son los almacenes hídricos de Colombia.
De las 61 especies de frailejones exclusivas de Colombia, 30 están en categoría de amenaza. Cada uno que sobrevive a la azada de un campesino que quiere convertir el páramo en terreno de cultivo o ganadería, al pico de un minero y al aumento de las temperaturas, le asegura a un colombiano un vaso de agua. Un metro cuadrado de páramo produce aproximadamente un litro al día.
Cuando un ciudadano de Santander, Arauca, Cundinamarca y Casanare abre el grifo, el agua que corre llega de uno de los páramos de Boyacá. Parte de los más de seis millones de personas que viven en alguno de estos cinco departamentos de Colombia beben gracias a estas reservas hídricas.
Para proteger esta fuente, el departamento de Boyacá, propietario del 24% de los páramos del país, ha decidido creado el programa Boyacá Bio, heredero de la iniciativa estatal Colombia Bio que busca explorar el tercio del territorio que medio siglo de guerra ha vedado a los científicos y, así, encontrar una alternativa de desarrollo biosostenible.
“Defender los páramos, el agua y la vida no es un asunto de ambientalistas, es un asunto de gobernantes”, dice Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, de 32 años, el más joven de Colombia. Proviene del partido Alianza Verde y formó parte de movimientos sociales en su comunidad. Para cumplir con su lema, ha presupuestado unos 15 millones de euros “para promover el crecimiento verde” y se ha convertido en uno de los departamentos que más invierte en este sector. Es decir, “educación ambiental, paz territorial, ecoturismo, innovación y generación de valor en los productos asociados a los ecosistemas estratégicos, planificación territorial sobre la base de la protección de áreas”, en palabras de Herman Amaya, secretario de Planeación y uno de los responsables de aterrizar este proyecto en un departamento cuyo PIB depende en casi un 14% de la minería.
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