El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), adjudicó una finca con cultivo de palma de aceite a 60 familias del municipio de Puerto Gaitán (Meta), la cual se encuentra en plena producción desde el año 2015. Además, los beneficiarios contarán con la asesoría y capacitación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y del Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), con el fin de garantizar las labores de cosecha y venta del fruto a la extractora más cercana.

Al respecto, Gonzalo Agudelo, líder de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en el departamento del Meta, afirmó que esta adjudicación “es el resultado del trabajo adelantado con desplazados, víctimas del conflicto armado, y principalmente con integrantes de la Asociación de Campesinos, Productores y Finqueros de la Altillanura de Puerto Gaitán (Asomayoragua)”.

Agregó que los beneficiarios ya visitaron el predio, conocido en la región como Finca Lucitania, en una jornada de socialización en la que podían aceptar o no el predio ofertado por la ANT.

Sobre el particular, la ANT destacó que este es el primer caso en el país de asignación de derechos sobre un predio del Fondo de Tierras administrado por la ANT, con un valor agregado mayor por tratarse de un terreno cultivado que ya produce ganancias, logrando al mismo tiempo la adjudicación y la productividad de la tierra.

El predio está ubicado sobre la vía nacional que conduce al departamento del Vichada, tiene 448 hectáreas sembradas con un cultivo de palma de aceite y ahora es adjudicado en parcelas de 6,5 hectáreas a cada campesino favorecido.

La Agencia indicó, asimismo, que Lucitania hizo parte de los bienes de las extintas autodefensas campesinas y fue entregada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como reparación a los afectados por el conflicto en el Meta y el Vichada.

De esta manera, el Gobierno del Cambio le cumple al campesinado colombiano en la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo la justicia social en la tenencia de la tierra, uno de los pilares del Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

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