El próximo lunes se llevará a cabo el Foro del Proyecto de Ley 139 de 2018, que busca mayor participación de pequeños productores rurales en la compra de alimentos que realiza el Estado para la implementación de sus programas, logrando dinamizar las economías locales para mejorar los ingresos y calidad de vida del campesinado.

Según Fernando Flórez Espinosa, director Región Administrativa de Planeación Especial – Rape, el evento será el 18 de marzo en el auditorio de Comfaboy de Tunja, desde las 8:00 de la mañana, por iniciativa de la RAPE, con el apoyo del Frente Parlamentario contra el Hambre, la Gobernación de Boyacá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se espera asistencia de la comunidad del sector rural, organizaciones, gremios de la producción, academia e instituciones, con el propósito de conocer el detalle del documento y hacer sus propuestas al mismo, antes de ser debatido en las Plenarias del Congreso de la República.

“Desde la RAPE, como entidad integradora regional, le apostamos a las compras públicas para dinamizar la economías locales, mejorar los ingresos y calidad de vida de los productores rurales. Buscamos que la comunidad participe en aquellas decisiones que los involucra directamente y consolidaremos los aportes de la Sociedad Civil frente a esta iniciativa, que de aprobarse deberá destinar un porcentaje, que aún está en discusión, de la contratación de los programas alimentarios de las instituciones públicas exclusivamente para productores rurales” indicó Flórez.

En el centro del país hay más de 2 millones de pequeños y medianos productores rurales, de los cuales, según las cifras del último Censo Rural, el 88% tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo, pero además sus productos, pasan muchas veces hasta por ocho intermediarios para llegar al consumidor final, lo que se traduce en un sobrecosto exagerado de los precios que se pagan para llegar a los hogares, y que a la vez dejan de recibir los cultivadores, por esta razón el Frente Parlamentario Contra el Hambre busca contribuir con el cierre de esta brecha impulsando este Proyecto de Ley en el Congreso de la República que abrirá la puerta para que los agricultores campesinos, indígenas, afros y raizales participen como proveedores en las compras de alimentos que se realizan el sector público.

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