“Con freno a minería en páramos, la Corte Constitucional marca un precedente importantísimo no solo en Colombia sino en el mundo”: Región Central
Bogotá D.C, 9 de febrero de 2016. “La decisión de la Corte Constitucional de prohibir la explotación minera en los páramos del país, privilegiando la protección de los recursos naturales sobre el derecho de empresas mineras, marca un precedente importantísimo en materia de protección del medioambiente no solo en Colombia, sino en el mundo”. Así lo asegura el Director Ejecutivo de la Región Central, Carlos Córdoba Martínez, tras recordar que el 42 por ciento de los páramos del país están en la Región Central y que sobre ellos hay, actualmente, 719 títulos mineros vigentes y 305 solicitudes de explotación.
“Por primera vez tiene que supeditarse la actividad de explotación y extractivismo a los derechos de tercera generación, es decir, al medioambiente. En eso Colombia, las instituciones y la Corte están marcando un precedente importantísimo”, enfatizó Córdoba.
De acuerdo con datos de esta entidad pública regional –que asocia a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima- 90 de las 360 cuencas que bañan el país nacen en los 15 páramos de la Región Central, con lo cual -afirma el Director Ejecutivo de la Región Central– “los impactos en la protección medioambiental y del agua son enormes, pues con la decisión de la Corte Constitucional se está protegiendo la fábrica de agua más grande que tiene Colombia. Hay que recordar que el complejo Cruz Verde-Sumapaz, el páramo más grande del mundo, está en la Región Central”.
De las cerca de 11 mil solicitudes de explotación minera ubicadas en la Región Central –lo que corresponde a 1.715.316 hectáreas-, 305 están en páramos. El mayor número de estas se encuentran en los páramos de Chingaza, Guerrero y Rabanal (que comparten territorios de Cundinamarca, Meta y Bogotá). Tan solo en los páramos de Guerrero, Tota y Pisba (estos dos ubicados en Boyacá), hay actualmente 437 títulos vigentes.
Según el Director Ejecutivo de la Región Central, otra de las implicaciones relevantes de la decisión de este alto tribunal es que les devuelve a las entidades territoriales la autonomía territorial frente a decisiones en las que está en juego el medioambiente y los recursos naturales.
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