Por: Ricardo Agudelo Sedano
- Durante años, se ha discutido la importancia del ordenamiento territorial y la justicia ambiental en torno al agua, pero es solo ahora que comenzamos a comprender la urgencia de colocar este recurso vital en el centro de todas nuestras políticas públicas.
En la ciudad de Santa Marta, donde la paradoja de la falta de acceso al agua potable contrasta con la proximidad a la imponente Sierra Nevada, se firmó un acuerdo que podría cambiar el destino de Colombia. En un acto de trascendencia histórica, líderes gubernamentales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes unieron fuerzas para declarar el agua como un bien común y un derecho humano inalienable. Esta proclama no solo marca un hito en la lucha por el agua, sino que también es un llamado urgente a repensar nuestras prioridades como nación.
El encuentro, denominado “El Agua como Bien Común,” resultado de un esfuerzo conjunto entre la Comisión de Regulación de Agua (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos y los Ministerios de Ambiente y Vivienda, culminó en un poderoso manifiesto de diez puntos. Este documento aboga por la transformación de los modelos de desarrollo, la revisión profunda de la estructura institucional, la reforma del sistema nacional ambiental y la defensa inquebrantable de los líderes que protegen nuestra biodiversidad. Además, sitúa la protección del derecho al agua en el centro de la política internacional y la cooperación entre naciones. Este manifiesto no es solo una declaración; es un nuevo paradigma para quienes creemos que el agua debe ser el eje de toda decisión.
Para las regiones, especialmente para esquemas asociativos como la RAP-E, estas reflexiones trazan una hoja de ruta hacia una gestión territorial centrada en la protección del ciclo del agua y su valoración desde múltiples perspectivas. Iniciativas como el Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central ejemplifican esta nueva visión para entender y gestionar el territorio de manera sostenible y equitativa.
Según cifras del Banco Mundial, más de 2 000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable, y 3 600 millones carecen de servicios de saneamiento. En Colombia, el Índice de Pobreza Multidimensional muestra que, para 2023, el 91,2 % de la población tiene acceso a agua potable. Sin embargo, de esa cifra, el 98 % pertenece al sector urbano, mientras que solo el 67 % del sector rural cuenta con acceso, lo que evidencia que un 33 % de las zonas rurales aún no disponen de agua potable.
El encuentro en la Perla de América ha dejado una verdad ineludible: millones de colombianos aún carecen de acceso al agua, y esto no puede seguir siendo ignorado. Este manifiesto debe convertirse en una directriz obligatoria para los gobiernos nacional y territoriales, que deben comprometerse a escuchar a sus comunidades, liderar con determinación y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por la ONU en 2010. Es crucial que la CRA y el Ministerio de Vivienda actúen de inmediato para reconocer, regular y fortalecer los acueductos comunitarios y las iniciativas solidarias que han demostrado que el agua puede y debe ser gestionada como un bien común, asegurando su acceso como un derecho inalienable para todos.
El agua es más que un recurso; es la esencia de la vida y un derecho inalienable que no admite discusión. Si queremos construir un futuro sostenible, es imperativo que Colombia se una en torno a este principio esencial. Debemos alcanzar un acuerdo sobre lo fundamental. Hoy, ese acuerdo es el agua. No hay más tiempo que perder. Colombia debe convertirse en un ejemplo global de cómo proteger y valorar este bien común.
Fuente: El Espectador
