La iniciativa busca que programas como el PAE, entre otros, compre los alimentos directamente al agricultor, generándoles más oportunidades y mejor calidad al consumidor.
Ante la presencia de distintos sectores productivos del Tolima, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, en la mañana de ayer fue socializado el proyecto de ley 139 de 2018, con el cual se busca que los productores campesinos participen en el abastecimiento alimentario para los programas públicos desarrollados por el Gobierno.
El documento direcciona una hoja de ruta para que se cumpla dicho objetivo, abordando temas como los circuitos cortos de comercialización, la economía solidaria, los sistemas de garantías de la calidad, los sistemas participativos de garantías, entre otros.
¿De qué se trata el proyecto?
Según la Fao y la Rape Región Central en los cinco territorios que la componen, programas como el PAE y los desarrollados por el Icbf invirtieron en la compra mensual de alimentos 22 mil 946 millones de pesos, adquiriendo 10 mil 289 toneladas mensuales de frutas y verduras que beneficiaron dos millones 97 mil 357 personas, 175 mil 497 de ellas en el Tolima.
Por otra parte, según lo estudiado en el contrato de consultoría 124-2017 de la Rape, una familia productora en el Departamento cuenta con un promedio de ingresos mensuales de 654 mil 484 pesos, mientras sus gastos mensuales rodean los 564 mil 591 pesos mensuales, situación que los deja en una condición desfavorable.
Un último elemento a considerar por parte del Gobierno en el proyecto de ley, es lo señalado por Agronet del Minagricultura en su más reciente informe donde dio a conocer que en la región central (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta) se genera el 26% de los alimentos del país, destacándose productos básicos de la canasta familiar como el arroz, el maíz, la papa, entre otros.
Ante una gran oferta productiva de calidad del agro colombiano, un mercado amplio económicamente en los programas gubernamentales y una mala situación económica de los cultivadores, el Gobierno nacional permite, con esta iniciativa a la agricultura campesina, participar o acceder a dichos programas estatales, brindándoles a los agricultores mayores oportunidades.
Los retos
El principal reto que tendría la ley, de ser aprobada, es cómo será el pago al agricultor, pues algunas de las intervenciones resaltaban que si el pago del Gobierno es retrasado, definitivamente esto afectaría al campesino en vez de beneficiarlo.
Frente a ello, Fernando Flórez, director de la Rape región central aseguró: “En unos 20 días, nosotros estaríamos en condiciones de esclarecer algunas preguntas y temores que tiene el campesino de cómo va a ser el sistema de transporte y el pago (…) Hay unos ejemplos, como se hace con las grandes cadenas, pero ellos se están tomando mucho tiempo para hacer el retorno del dinero a los agricultores, uno diría que están negociando con el trabajo de los agricultores, ahí es donde entraríamos a definir cómo van a ser estos aspectos”.
Otro tema neurálgico para la implementación de dicha ley es el valor agregado de los productos, por ello, según Flórez, es necesario articular con las cámaras de comercio y Fenalco para que el cultivador sea formado en ello: “Lo que queremos es que en la región salgan los productos elaborados (…) en este aspecto es importante el trabajo con las cámaras de comercio, las gobernaciones y Fenalco para que se vayan organizando las asociaciones, en cómo se va a dar valor agregado a los productos”.
Flórez concluyó: “En cuanto a la calidad de los productos, al campesino hay que darle una asistencia técnica en la manipulación de sus productos, el Invima debe ser una entidad que no esté pendiente de la sanción, sino que asesore a las agremiaciones campesinas; sin duda el meollo de este proyecto es organizar a los campesinos”.
