El Ministerio Público solicitó al Gobierno nacional adelantar diálogos con las comunidades de la frontera entre los departamentos de Meta y Guaviare, donde las comunidades campesinas exigen el cumplimiento de las promesas presidenciales para detener la erradicación forzada.
Desde el pasado 6 de noviembre se levantó una alerta por parte de los habitantes de esa zona del sur oriente colombiano, debido a la llegada de miembros del Ejército Nacional al territorio para realizar erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Según la Guardia Ambiental y Campesina de la Región del Río Guayabero, la fuerza pública no ha cumplido con las declaraciones del Gobierno nacional de suspender ese tipo de acciones.
“El actual presidente Gustavo Petro durante sus discursos antes de su posesión aseguró que las erradicaciones a los cultivos de hoja de coca quedarían suspendidos, pues se buscaría una solución eficaz y que beneficiara a las y los campesinos, entendiendo que estas cultivos son el sustento de las familias que habitamos estos territorios, ya que, históricamente hemos estado abandonados por el Estado y la única base de nuestra economía es la hoja de coca”, señalaron a través de un comunicado difundido por la emisora local Voces del Guayabero.
Justamente las acciones iniciaron en la región del Guayabero, a la altura de la vereda Yarumales, en el límite de La Macarena. Allí se realizó un primer cerco humanitario, que consiste en un plantón pacífico para rodear a los miembros de la fuerza pública e impedir el desarrollo de las actividades de erradicación.
La Defensoría y la Personería departamental intervino y logró levantar el cerco. Pero poco después se conoció de las actividades de erradicación en Lejanías, departamento del Meta, donde se desplazaron los campesinos a adelantar un nuevo cerco humanitario que rodeó a 30 soldados, desde el martes 15 de noviembre.
La Defensoría medió, pero las comunidades exigían diálogo con el Gobierno nacional, por lo que buscaron opciones de acercamiento entre ambas partes que permitieron este 19 de noviembre levantar el cerco humanitario y establecerse una mesa de diálogo.
“La Defensoría del Pueblo acompañará el desarrollo de la mesa de diálogos para que el Gobierno Nacional escuche a los campesinos del sur del Meta, Guaviare y Caquetá, que a la postre permita levantar el cerco humanitario que aun persiste”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.
Al respecto también se pronunció la Procuraduría General de la Nación, que anunció que hará seguimiento a los compromisos que se asuman durante los diálogos. “Hacemos un llamado a que no se utilicen las vías de hecho para manifestar las inconformidades, dificultades que se puedan tener los campesinos frente a los procedimientos de erradicación que realiza la fuerza pública”, señaló el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Los campesinos exigen que se suspenda la erradicación forzada y se ofrezcan soluciones para la sustitución de sus actividades económicas. Piden que haya soluciones frente a la resolución 7067 del ICA que estableció cancelar el registro sanitario a los predios agropecuarios que adelanten actividades ganaderas dentro de áreas de Parques Nacionales Naturales, así como cumplimiento de los acuerdos del Paro en el 2021.
Las comunidades campesinas piden que cese la operación Artemisa que inició el Gobierno nacional contra los focos de deforestación en la Amazonía, que ha recibido fuertes críticas por organizaciones sociales, debido a los choques que ha producido con las personas que se encuentran en zonas de intervención.
Justamente la ganadería, principalmente, y la expansión de cultivos de uso ilícito son los dos factores principales de la deforestación en la Amazonía, como señaló la Comisión de la Verdad en su tomo territorial. En el departamento del Guaviare, se concentró el 24,3 % de las alertas por deforestación, en este es el cultivo ilícito uno de los principales motores para tumbar la selva, según un análisis de KPMG International Cooperative.
En el Meta, de acuerdo con ese estudio, la ganadería extensiva y la ampliación de la frontera agrícola por cultivos de palma de cera, son los principales factores de deforestación. Mientras que al Caquetá, otro de los departamentos de la región, lo afectan esos dos fenómenos junto al acaparamiento de tierras.
