Colombia concentra 50 % de los páramos del mundo, de los cuales el 48 % están en la región central.
Hay una obligación ética del Estado y los ciudadanos de proteger los páramos. Pero no es solo un asunto moral, también es una acción social y económica de sobrevivencia para poder acceder al agua limpia y disponible con regularidad y en condiciones de seguridad y cercanía.
Es claro que todos los complejos de páramos están enfrentados a graves problemas relacionados con la tala de especies vegetales, las quemas y el inadecuado uso del suelo para prácticas de ganadería, agricultura y minería.
La protección de los páramos debe ser una causa regional y no de un departamento en particular. Estos ecosistemas atraviesan varios territorios. Ejemplo de ello es el páramo de Sumapaz, el más extenso del mundo, con 330.000 hectáreas, ubicado entre Bogotá, Cundinamarca, Meta y Huila.
También el páramo de Chingaza, con 77.000 hectáreas, que tiene injerencia en once municipios de Cundinamarca y Meta, y garantiza en gran medida el agua que consume Bogotá.
Según datos de Cortolima, en menos de 50 años solo existirían pequeños fragmentos aislados de páramo en 14 de sus municipios, que son hoy la gran reserva hídrica del territorio.
Además están los páramos de Guerrero y Rabanal, que cuentan con una extensión de 25.000 hectáreas y tienen injerencia en Cundinamarca y Boyacá; entre otros.
Desde la Región Central-Rape, la primera entidad pública del orden regional que integra a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta y a Bogotá D. C., se adelanta un proyecto piloto para avanzar en la aplicación del pago por servicios ambientales (PSA), el cual consiste en la compensación a la labor de conservación y protección que prestan las comunidades que habitan en las zonas productoras de agua.
Es evidente que este es un esfuerzo temporal que debe servir como una buena práctica de gobernanza participativa con el fin de que el Gobierno Nacional lo asuma integralmente y lo masifique para garantizar que Colombia no tenga déficit de agua, evitando que los páramos disminuyan o desaparezcan. A toda acción que se adelante en busca de la protección de estos ecosistemas le es indispensable la participación de las comunidades para que sea sostenible en el tiempo.
La Rape, a través del proyecto de restauración y reconversión productiva de páramos de la región central, de la mano de las comunidades locales en cada territorio, adelantará procesos de conservación y preservación de 14 complejos ecosistémicos de páramo. Una estrategia que cobijará 53 municipios, donde se llevarán a cabo labores de restauración de 1.098 hectáreas y reconversión en 650 hectáreas.
Para este propósito se trabaja en la formación de 1.785 promotores ambientales y en la capacitación de 4.675 niños y niñas de las escuelas asentadas en áreas de injerencia de estos páramos. Las familias beneficiadas serán 1.300, que tendrán la posibilidad de contar con alternativas ambiental y económicamente sostenibles.
La extinción de los páramos sería la gran tragedia de Colombia. Según datos de Cortolima, los páramos están siendo destruidos en este departamento a una tasa superior al 1,25 % anual, lo cual implicaría que, a este ritmo, en menos de 50 años solo existirían pequeños fragmentos aislados de páramo en 14 de sus municipios, que son hoy la gran reserva hídrica del territorio.
En este sentido, hacemos un llamado a las fuerzas vivas del Estado y a los ciudadanos, a que pongamos en marcha un gran pacto nacional por los páramos. Llegó el momento de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo unas metas específicas y unos recursos apropiados para cumplir con el mandamiento legal de proteger estos ecosistemas, que son vitales para proveer agua de calidad y enfrentar los efectos del cambio climático.
* Director Región Central-Rape
