Por: Ricardo Agudelo Sedano
Recientemente, durante el desarrollo de un foro sobre competitividad y desarrollo territorial -a propósito de la evidente consolidación de la Región Metropolitana- coincidíamos con diferentes autoridades locales y departamentales sobre la perentoria necesidad de identificar necesidades y proyectos en común, para el progreso de nuestras comunidades.
Contrario a lo que algunos piensan, la aparición de nuevas regiones administrativas y de planificación (RAP) o de otros esquemas asociativos territoriales como la mencionada Región Metropolitana, no constituyen un problema o una amenaza para entidades que, como la RAP-E Región Central, son un referente técnico y de desarrollo sostenible desde hace una década.
Todo lo contrario. La Región Metropolitana se ha nutrido día a día de nuestra experiencia y conocimiento para fortalecer sus capacidades, pero, además, sabe de memoria que Bogotá y su sabana dependen de la Región Central para el abastecimiento de agua y de comida, de manera que nuestro vínculo es firme, colaborativo e indisoluble.
Sin duda, como lo ha planteado su director, Luis Lota, la Región Metropolitana es un actor clave en el apalancamiento del desarrollo y la consolidación de la capital y de Cundinamarca a través de proyectos estratégicos que se deberán priorizar desde las comunidades, lo cual no implicará comprometer su autonomía o el favorecimiento de intereses de privados.
En ese sentido, hay una serie de desafíos para la naciente Región Metropolitana, sobre los cuales la RAP-E está trabajando desde hace años a escala supradepartamental, como por ejemplo la creación de una red de logística que permita desarrollar a cabalidad el Plan de Abastecimiento Alimentario que tiene como objetivo consolidar un sistema eficiente, sostenible y saludable.
Ni qué decir del Plan de Seguridad Hídrica, formulado desde la RAP-E con el acompañamiento del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que se ha constituido en la hoja de ruta desde lo técnico, lo estratégico y lo político, para asegurar agua suficiente y de calidad para las personas y los ecosistemas, y cuya implementación resulta fundamental para aquellas zonas con vocación agrícola.
La asociatividad es, en esencia, la materialización del viejo anhelo de descentralización y autonomía planteado desde la Constitución de 1991, y debe seguirse consolidando como un proceso social permanente, activo y propositivo desde la identidad territorial, que permita plantear soluciones colectivas y democráticas, frente a problemas de inequidad históricos, marcados en la mayoría de ocasiones por el conflicto armado o por la ausencia del Estado.
Sergio Boisier, uno de los más recordados pensadores en materia de planificación regional y urbana, aseguraba que el desarrollo es la “utopía social por excelencia”, sin embargo, en la sociedad del conocimiento cambia o debe cambiar radicalmente la forma en la que un territorio se plantea e interviene sus propios procesos de cambio, crecimiento y desarrollo, lo cual va de la mano con una imprescindible descentralización, cuya naturaleza y alcance exactos dependen más de la casuística que de las normas generales.
Por eso, ese sueño de descentralización política, fiscal y administrativa, se debe seguir consolidando con más esquemas asociativos territoriales, que entre sí no son una competencia, sino un complemento, un engranaje perfecto en búsqueda de sostenibilidad, inclusión, seguridad alimentaria, equidad y paz territorial, entendiendo que solo la unión hace la fuerza, y la división engendra debilidad.
