La Región Central (Rape) busca reducir la marcada participación de terceros en el proceso de comercialización y motivar a los campesinos de la zona centro para participar en el proceso de compras públicas que se deriva del proyecto de Ley 131 del 2018.
Para esto, la Rape, el Frente Parlamentario Contra el Hambre, la Gobernación de Boyacá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) adelantan hoy el Foro proyecto de Ley 139 del 2018.
La iniciativa se denomina ‘Compras públicas locales’, y se dará a conocer para concientizar a los pequeños productores sobre las posibilidades que, de aprobarse la ley, pueden tener para ser parte de la compra de alimentos que realiza el Estado.
“Estamos auspiciando esta reunión con el único fin de que campesinos y productores conozcan la intensión del parlamento colombiano para, de alguna manera, proteger la economía rural”, afirmó Fernando Flórez, director de la Región Central.
Según el último censo, el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá se abastece en un 83 por ciento de los alimentos que provienen de los departamentos de la región central, de los cuales Boyacá aporta el 19 por ciento. No obstante, de los recursos que generan estos dos millones de pequeños y medianos productores rurales, gran parte de las ganancias se quedan en los más de ocho intermediarios por los que pasan los productos antes de llegar a la mesa de los consumidores.
