Una de las grandes luchas que ha ganado Alcira Tavera Luna, de 55 años, fue hacer parte del proceso en el que se logró la declaratoria del Parque Natural Amaime Chilí (en Cajamarca, Rovira, Ibagué y Roncesvalles, Tolima) delimitando esta zona como área protegida por Parques Naturales Nacionales. No la libró sola. Lo hizo junto a un grupo de lideres y lideresas de los municipios en mención e impulsados por la corporación semillas de agua quienes convergen en zona de alta montaña, zona de páramo que un día fue el corredor estratégico de grupos al margen de la ley.

La declaratoria la expidió Cortolima el 27 de diciembre de 2017, un año decisivo para la minería en el Tolima luego de que las comunidades de Cajamarca se opusieran a que la empresa Ango Gold Ashanti siguiera explotando su territorio tras haber ganado la consulta popular. Ese año, según el Ministerio de Minas, había 44 municipios en ese departamento con la intención de convocar a consultas populares con la misma finalidad.

Uno de esos fue Rovira, que buscaba detener a toda costa la idea de que esa compañía canadiense comenzara labores de exploración en una zona que tiene cerca de 13.000 hectáreas de páramo y que conecta con 25 nacimientos de ríos del Tolima. Una de las mujeres de lucha silenciosa que participó del proceso de incidencia fue Alcira Tavera, que recita la historia de memoria: “Logramos delimitar la zona de páramo para formar el Parque Natural, pero el reto estaba en qué hacer para no desplazar a las 21 familias que vivían adentro del páramo”.

La estrategia fue exitosa: propusieron implementar un pago por servicios ambientales que buscaba que las personas que vivieran dentro del área protegida recibieran una remuneración permanente a cambio de conservar y proteger el ecosistema. La iniciativa planteaba que un equipo de organizaciones de la sociedad civil y Cortolima pudieran verificar que los compromisos con la comunidad se cumplieran: tenían que retener carbono y agua en suelos, eliminar el uso de insecticidas en los cultivos, reforestar, entre otras obligaciones. La remuneración la calcularían según la evaluación del estado del ecosistema. Lograron involucrar a las comunidades como guardaparques o guardabosques, con tal de no ser desarraigados de su territorio.

 

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