- Durante su intervención en el Gran Foro Regionalización y Autonomía Territorial en Colombia, el gerente de la RAP-E, Ricardo Agudelo Sedano, expuso una hoja de ruta clara para transformar la descentralización en una realidad efectiva y democrática.
Bogotá D. C., 17 de junio de 2025. En el marco del ´Gran Foro Regionalización y Autonomía Territorial en Colombia´, convocado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el gerente de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, Ricardo Agudelo Sedano, presentó una exposición sobre la urgencia de avanzar hacia un modelo territorial más justo, eficaz y participativo.
“Colombia es un país profundamente diverso, pero también profundamente desigual”, afirmó Agudelo, quien llamó la atención sobre las brechas estructurales que, a 34 años de la Constitución de 1991, siguen limitando el desarrollo de las regiones frente al centralismo persistente.
Para el gerente de la RAP-E, la regionalización no es una opción técnica, sino una urgencia democrática. En su intervención planteó preguntas clave que invitan a repensar el modelo territorial vigente y propuso una agenda transformadora desde las regiones, con enfoque en equidad, inclusión y autonomía real.
Una visión de país construida desde los territorios
Agudelo subrayó que la regionalización permite reducir asimetrías históricas entre el centro y la periferia, articular dinámicas urbanas y rurales, fortalecer la autonomía fiscal y política, y promover una democracia territorial efectiva. “Solo con regiones fuertes, con voz y con poder, será posible construir un Estado verdaderamente democrático y equitativo”, enfatizó.
También destacó que existen actualmente más de 80 esquemas de asociatividad territorial en el país, expresión de una voluntad colectiva que reclama organización y reconocimiento a partir de realidades locales. En este sentido, la RAP-E y otras figuras asociativas se posicionan como estructuras clave para coordinar acciones, planear el desarrollo y cerrar brechas estructurales.
Entre sus propuestas concretas se encuentran la aprobación de una Ley Orgánica de Regiones que dé sustento legal y competencial a las Regiones como Entidades Territoriales (RET); la creación de instrumentos de gobernanza vinculante, como consejos regionales y agencias propias; un modelo de financiación regional autónomo, que incluya tributos propios, participación en el Sistema General de Participaciones (SGP) y acceso directo a regalías; y el diseño de un fondo regional autónomo, así como la inclusión de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) en la distribución del SGP, reconociendo su papel articulador y su capacidad para coordinar esfuerzos interterritoriales.
“Después de 34 años, seguimos con regiones reconocidas pero silenciadas. No se trata de borrar municipios y departamentos, sino de que piensen y actúen con visión regional”, afirmó.
Aportes desde la Misión de Descentralización
Durante el evento, Darío Indalecio Restrepo, exdirector de la Misión de Descentralización, respaldó esta línea de pensamiento y la complementó con una reflexión sobre el potencial transformador del proceso:
“Es una gran oportunidad para convertir todo el sistema de descentralización en un verdadero dispositivo de inclusión nacional, ya que tiene como prioridad el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas entre los territorios. Además, proclama la autonomía territorial y plantea que todo debe hacerse con criterio macroeconómico y fiscal, respetando el equilibrio fiscal”.
Restrepo también se refirió a las implicaciones de la reforma constitucional: “La reforma establece que los beneficiarios del SGP son departamentos, distritos y municipios, no las asociaciones. Pero esto significa que dichos entes territoriales pueden y deben asociarse, y sería lo más sensato. Estamos trabajando para fortalecer los incentivos que promuevan esa asociatividad”.
Finalmente, enfatizó los ámbitos estratégicos donde esta articulación regional resulta clave: “¿En qué temas prioritarios? En la planeación en torno al agua, en los circuitos económicos y productivos, y en la prestación de servicios públicos básicos. La asociatividad es el requisito fundamental para lograr una verdadera autonomía territorial, porque contamos con 1.112 municipios con capacidades muy desiguales; la mayoría carece de las herramientas necesarias. La asociación y la cooperación horizontal son el camino para construir instituciones territoriales sólidas que permitan ejercer una descentralización con autonomía real”.
Como resultado de este evento, la RAP-E acordó solicitar un encuentro con la Mesa Interinstitucional de la Ley de Competencias, encargada, desde el Gobierno Nacional, de diseñar el proyecto de ley sobre competencias de los entes territoriales. El propósito de esta reunión es asegurar que los más de 80 esquemas de asociatividad territorial existentes en el país sean escuchados e incluidos en la construcción de dicha ley, en reconocimiento a su papel estratégico en la consolidación de una descentralización efectiva y con equidad.
